.Orlando Guevara Núñez
Hace pocos días, escuché, procedente de España, una información que me pareció una dolorosa injusticia. Más de 100 000 familias están amenazadas de desalojo de sus viviendas, por no poder pagar los adeudos del alquiler. Y como si fuera poco, esas personas están obligadas a continuar pagando la deuda contraída, aunque no tengan un techo donde vivir, ni trabajo para adquirir dinero. La injusticia me pareció mayor. Ya muchos están en la calle, mientras otros plantean que no abandonarán las viviendas.
Cosas normales en una sociedad capitalista, pensé. Pero aún bajo el impacto de ese noticia, leí otra, también procedente de España. Resulta que en Zaragoza, se puso en marcha una campaña para prevenir a familiares que si no pagan las cuotas pendientes en los cementerios, los restos de sus seres queridos serán “expulsados” de sus tumbas y depositados en fosas comunes.
Los avisos han sido situados, inescrupulosamente, en las mismas lápidas mortuorias, con la advertencia de que sin en 15 días no se saldan las deudas, se procederá al desalojo.
Y no se trata, por lo visto, de una simple amenaza, pues ya una 90 personas fallecidas han perdido lo que se creyó su aposento eterno. Y otras casi 500 están en turno.
La información precisa que en muchos nichos aparece una nota de “Caducado”, agregando que al menos 30 000 personas tienen deudas con el Ayuntamiento. Está establecido, en esa alcaldía, que los familiares deben pagar 145 dólares por cada cinco años de sepultura.
Tremendo problema el de estar en peligro de perder la vivienda durante la vida y el nicho después de muerto.
¿Humanidad? ¿Derechos humanos? Juzgue el lector.
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